Luego de cerca de nueve meses de debate, el texto sustitutorio de la nueva ley universitaria fue aprobado en su totalidad, esta mañana, luego que la Comisión de Educación sometió a votación los dos últimos capítulos del cuestionado proyecto.
Los dos últimos capítulos aprobados fueron los referidos al personal no docente y al bienestar universitario.
Luego de ello, se procederá a la revisión total del texto para que luego sea llevado al Pleno del Congreso para un nuevo debate y votación. Sin embargo, este nuevo proceso se llevará a cabo en la próxima legislatura.
La primera impresión es que no hay consenso, cosa que dejaron de manifiesto los mismos congresistas, ya que de 17 miembros de la Comisión de Educación, solo votaron a favor 8.
Si bien es cierto, este dictamen no es el definitivo, ya que aún falta la aprobación del pleno del Congreso y en el debate seguramente modificarán algunos artículos, la sensación es que una ley tan importante para el futuro del país desencadenará fricciones y disputas. Más que una promesa, parece una amenaza.
Los rectores ya pusieron el grito en el cielo porque su Asamblea Nacional dejará de existir y tendrán que dejarle el paso a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNAU), un organismo en el que estarán representantes del Ministerio de Educación, Concytec, Ceplan y dos miembros de las universidades públicas y dos más de las universidades privadas.
"Se está creando una organismo político policíaco para que controle a las universidades", dijo el presidente de la ANR, Orlando Velásquez. Evidentemente, esta frase grafica el grado de indignación de los rectores, como una reacción a ojos cerrados, pero si reflexionamos luego de revisar el dictamen, es notorio que el Estado tendrá una posición dominante sobre todo lo que ocurra en las universidades como: presupuestos, currículos, carreras y por supuesto, autoridades.
El temor de muchos es que haya control a la educación universitaria. Y ya se sabe, eso es contraproducente porque todos necesitamos libertad, tener iniciativa, tener estímulos y sentirse responsables del resultado de su trabajo.
Que propone La Nueva Ley Universitaria
El dictamen de la
nueva Ley Universitaria, compuesta por 140 artículos, ya no será aprobada en
esta legislatura del Congreso, pero ha abierto una discusión sobre los cambios
impostergables para una educación superior de calidad en nuestro país.
La
reforma elaborada en base a 49 proyectos de ley y centenares de propuestas
presentadas por autoridades y organizaciones universitarias no ha estado exenta
de polémicas debido a los capítulos aprobados hasta ahora.
La comisión presidida por Daniel Mora (Perú Posible) ha
aprobado, hasta el momento, los primeros seis capítulos de un total de 16. La
principal polémica gira en torno a la creación de la Superintendencia Nacional
de Educación Universitaria (SUNAU), órgano que reemplazaría a la Asociación
Nacional de Rectores (ANR)
y al Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades
(CONAFU). Según las autoridades universitarias, con esto se vulneraría su
autonomía.
1. SUNAU REGULA
Tras las disposiciones generales, el segundo
capítulo de la ley norma la creación de la SUNAU que, adscrita al Ministerio de
Educación, se encargará de la supervisión de la calidad educativa, además de
fiscalizar el uso de los recursos. También podrá autorizar el funcionamiento de
universidades, tarea que cumple la Conafu. Un punto polémico es la presencia en
su consejo directivo de un representante del sector empresarial. Además, podrá
decidir la cancelación de la acreditación de una universidad, es decir,
dispondrá su cierre. 35 universidades públicas y privadas, la Federación
Nacional de Docentes Universitarios y la Federación de Estudiantes (FEP) han advertido que las competencias de
la SUNAU violan el artículo 18 de la Constitución, que dispone que cada centro
se rige por sus estatutos.
2. CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
En el Capítulo III se
señala que para constituir una universidad, pública o privada, se requiere la
opinión favorable de la SUNAU. Debe tener al menos dos facultades, y las
carreras propuestas tienen que satisfacer la demanda.
Además se señalan los requisitos para la
creación de universidades y las disposiciones para la autorización de
funcionamiento provisional de universidades privadas, que no será mayor a los
cinco años.
3. ACREDITACIÓN
En el cuarto capítulo se indica que el
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa (SINEACE) establecerá estos procesos para el mejoramiento de la
calidad educativa de forma obligatoria.
En tanto, el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria (CONEAU), que depende del SINEACE, acreditará a las universidades
o validará procesos de acreditación externa.
Si una
universidad no logra acreditar su calidad en tres evaluaciones inmediatas, será
clausurada y disuelta por la SUNAU. Por este punto, la ANR ha
pedido la suspensión del debate en el Congreso.
4. TESIS OBLIGATORIA
Según el quinto capítulo, el grado de
bachiller se obtendrá a través de una tesis. Se eliminará el bachillerato
automático. Para la licenciatura, además de una tesis, se deberá demostrar el
dominio de un idioma extranjero o una lengua nativa.
5. MÀS INVESTIGACIÒN
Se acordó que las universidades públicas
destinarán para la investigación, como mínimo, un 10% de sus recursos
autogenerados y no menos del 15% del presupuesto estatal, además del canon. En
el caso de las privadas, destinarán no
menos de un 15% de su presupuesto, porcentaje que debe incrementarse hasta un
25% en diez año.
